LA LUZ PRENDIDA PARA DORMIR

Por Daniel Dibene*

Hace más de una década que las encuestas indican que la inseguridad es la principal preocupación de los ciudadanos. Desde la promesa de  Ruckauf de “meter bala a los delincuentes”  a la más reciente de Daniel Scioli de darle "mayor poder de fuego a la Policía" (1), o el “me cansé del miedo” de Francisco De Narváez, gran parte de la dirigencia política apela al efectismo. “La oferta electoral se construye alrededor del pánico moral” acusa Esteban Rodríguez (2).

Cuando la mano viene dura la receta la sabe de memoria cualquier taxista: baja de la edad para la imputabilidad, reformas procesales porque los códigos deben hacerse para las personas de bien y no para proteger a delincuentes,  saturación policial en las calles. Los “reflejos” de los gobernantes tuvieron efectos concretos: desde el inicio del desguace del Estado  triplicaron la población carcelaria. En 1992 había 20.000 personas en prisión; en 2001 se pasó a 41.000 y hoy superan las 60.000, mas de la mitad sin sentencia firme.

“El modo en que se emplea la noción de seguridad hoy en día no se refiere a condiciones de vida pacífica, sino a procedimientos destinados a garantizar el uso de la fuerza contra un delito 'indiscernible y rabioso” denuncia Juan Pedro Gardes (3).  La pregunta del millón es cómo articular una propuesta integral que asuma que democratizar las respuestas a las demandas sobre la seguridad es una deuda que arrastramos desde la restauración de los ‘80.

Para avanzar en este camino la Fundación Friedrich Ebert convocó a miembros de los partidos GEN, PS, EDE, SI, y Partido Nuevo, en su ciclo de Talleres sobre la Izquierda Democrática Argentina, ante los que expuso Alberto Binder (5). El objetivo: dejar atrás el prejuicio de que sólo se puede encarar  la  problemática de la seguridad desde un “realismo” político que hace concesiones. Binder marca a los sectores progresistas que encaran el tema apelando a la  defensa de las libertades públicas  (“garantismo”), lo que es correcto -y también una necesidad - pero no resuelve los problemas de criminalidad; o sosteniendo la importancia de revertir la pobreza y la marginación. Esto presupone que la criminalidad es un problema principalmente de la gente pobre, lo que no es cierto; y lleva a confusiones dado que la pobreza y la exclusión deben ser encarados en la lucha por la justicia, la igualdad y la dignidad de las personas y no se los debe convertir en problemas de seguridad.

La originalidad de Binder pasa por el paralelismo entre la política de seguridad y la política económica.  En ambas, explica que la complejidad está dada por una extensa trama de variables, muy dinámicas y arraigadas en la cultura. En una y en otra las acciones del Estado tienen límites y es imposible pensar en un control completo; en ambas existen dimensiones subjetivas muy fuertes que condicionan la viabilidad de las políticas y pueden distorsionar los efectos de las acciones mejor planeadas o ejecutadas.

Se agrega, entonces, un contexto complejo: las condiciones sociales de desigualdad y deseos insatisfechos en una sociedad consumista que  generan de por sí un ambiente objetivamente violento y, por otro lado, las rápidas mutaciones culturales, el debilitamiento de lazos y expectativas tradicionales, que hacen que muchos sectores sociales se encuentren en un estado de incertidumbre que luego influye sobre la forma en que la sociedad percibe la problemática.

Las recetas del programa pasan por otra lógica entonces: por enfatizar el carácter de bien público de la seguridad y la importancia de la gestión y el control estatal de todos los elementos del sistema  (prevención del delito, organización policial, persecución penal, carcelario), para asegurar la distribución equitativa de este bien público. Desmilitarizar la formación policial y de otros agentes. Construir oficinas de análisis de información, sin las cuales el sistema funciona a ciegas.

A lo que Binder nos urge es a emprender el camino de la preparación política, técnica y discursiva para ingresar a un debate que ya está instalado, en el que se discute el decurso del sistema democrático y la capacidad que tengan sectores mafiosos de apropiarse de ella. 

* El Autor es Licenaciado en Comunicación.