DE INSEGURIDADES, AUSENCIAS
Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS
Por María Cristina Cravino*
 Para los habitantes de las villas la inseguridad también es un problema, aunque de eso no se hable. La gran diferencia con el resto de la ciudad es que no logran, en la mayoría de los casos, hacer valer sus derechos o que los medios de comunicación los escuchen. Así es frecuente que cuando un habitante hace una denuncia policial por algún delito que sufrió, no lo tomen en cuenta y les digan “pero si vos vivís en una villa”… como si no tuvieran derecho.
Escuché relatos de llamados a la Policía dando información sobre el asesino de una maestra de un barrio y que la Policía nunca acudió a buscarlo a la casa y los vecinos se cansaron de llamar, o que si alguien quiere denunciar el comercio de drogas le respondan “el denunciado tiene derecho a saber quién es el denunciante”. En otros casos, como en un asentamiento del oeste del Conurbano, la Policía lleva presos a los adolescentes que ensayan una murga en el medio de la calle y los acusan de vagancia; en muchos barrios la Policía les roba los teléfonos celulares a los jóvenes, o camperas, sin que puedan hacer nada. Es frecuente que ante un delito irrumpan en las villas o asentamientos a buscar supuestos culpables allanando indiscriminadamente viviendas.
Los niños son rechazados muchas veces por las autoridades escolares o sus docentes e incluso en centros de salud, en diferentes lugares del Área Metropolitana de Buenos Aires, de manera “preventiva”. A esto se suma, la situación de ser culpabilizados de la inseguridad por los medios de comunicación y los seguidores de éstos.
Se tipifica a todos los habitantes de las villas bajo una categoría que los responsabiliza de muchos males, invisibilizando las miles de trabajadoras domésticas que van a limpiar las casas de la ciudad, los trabajadores en la construcción, en las empresas de electricidad, en los comercios, en las escuelas, hospitales, clínicas, los que trabajan en talleres, en restaurantes, etc. Esto remite a un proceso de construcción social del habitante de las villas que desplegó el gobierno militar de 1976 a 1983. Esto es, en el marco de las erradicaciones masivas se buscaba convencer a la población en general de que éstos no “merecían” vivir en la ciudad, construyendo una imagen de indolentes, delincuentes u oportunistas y así justificar su expulsión.
Asistimos a un momento de recrudecimiento de la discriminación y del odio de ciertos grupos sociales respecto a los “villeros” o a los sectores de bajos recursos en general, negando su condición de ciudadanos y sus derechos.
 Hay un Estado ausente y un Estado presente. El Estado ausente es el que no garantiza la seguridad en los barrios, el que amedrenta con razzias en lugar de otorgar información, el que no garantiza los servicios públicos, el que no garantiza los derechos. Basta con ir un día a cualquier villa de la Ciudad de Buenos Aires para verificar los cotidianos cortes de luz, sobretensión, baja tensión, falta de agua y cloacas colapsadas, falta de recolección de residuos y de iluminación o calzada, etc. El Estado ausente también es evidente en la falta de vacantes en las escuelas cercanas a las villas en la Ciudad de Buenos Aires, en la insuficiencia de los centros de salud, etc.
El Estado presente aparece con programas sociales asistenciales pero que son insuficientes y no permiten mayores oportunidades y frecuentemente se distribuyen sin transparencia. El Estado presente es el que reprime con las fuerzas de seguridad, pero que no logra ser efectivos para desarmar el comercio del paco. Esto último muestra la cara más dura del Estado ausente. Mientras tanto, todos los días los vecinos mejoran sus casas, sus barrios y están con las manos atadas para resolver su situación de inseguridad, buscan vacantes en otras escuelas y deambulan por acceder a la salud.
* La autora es Antropóloga e Investigadora de la UNGS (Universidad Nacional de General Sarmiento). Es autora de los libros “Resistiendo en los barrios”, “Las Villas de la Ciudad” y “Los mil barrios (in) formales”, entre otros. |
